A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundación y el Juzgado Undécimo Administrativo de Santa Marta.

Es causa de la controversia, demanda verbal de reintegro de subsidio presentada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, contra un ciudadano, con la cual solicita, como pretensión principal, que se ordene al demandado a reintegrar el valor correspondiente al subsidio otorgado por la demandante para la compra de vivienda nueva, por cuanto se advirtió que aquel había adquirido un predio sin construcción alguna, en lugar de una vivienda de uso residencial.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena, considera pertinente reiterar lo dispuesto en Auto 766 de 2023, según el cual la jurisdicción ordinara civil es la competente para conocer las demandas que promuevan entidades públicas que tengan el carácter de institución financiera y la discrepancia surja como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

Ello de conformidad con el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 y el inciso 2º del artículo 12 de la Ley 270 de 1996.

Ello, por cuanto se advierte, en primer lugar, que la entidad demandante tiene la calidad de institución financiera vigilada por la Superintendencia de Sociedades y en segundo lugar, la controversia está relacionada con el giro ordinario de los negocios de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, pues con la demanda se pretende el reintegro del valor indexado de un subsidio de vivienda otorgado a un afiliado.

De acuerdo con el Decreto Ley 353 de 1994, la Ley 973 de 2005 y el Decreto 1070 de 2015, el objeto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía comprende tanto la intermediación, captación y administración del ahorro de sus afiliados, como el desarrollo de actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias dirigidas a proteger los recursos a su cargo para facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundación para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados dentro del trámite judicial y al Juzgado Undécimo Administrativo de Santa Marta.